Una nueva clase popular: Los pueblos originarios y la refundación del Estado Nacional
Victor Pignatiello (Estudiante de Ciencia Política – UBA)
Eje Temático: Conflicto y Estrategias de Resistencia
La idea de refundación del Estado Nacional conocido hasta hoy, atraviesa las fronteras entre los países latinoamericanos del Siglo XXI, de gobiernos progresistas que se iniciaron con Venezuela en 1999 a partir de la llegada del presidente Chávez. Esa refundación, que en algunos casos viene de la mano de la reforma constitucional, tiene un efecto de reparación histórica hacia la población indígena largamente postergada desde el punto de vista de su condición de sujetos de derecho. Sin embargo, esta inclusión no se ha dado sin dificultad. En muchos de estos países ha generado extensos debates y problemas nuevos en las sociedades.
Una primera aproximación al escenario permite ver dos aspectos que abren nuevos problemas a ser considerados. El primero es el de la propiedad de la tierra y de los recursos naturales. Las nuevas constituciones no han podido evitar aún la lógica del conflicto entre Estado Nacional y comunidad originaria por el tema de la tierra. En Ecuador, el enfrentamiento se ha producido por la explotación minera y el consecuente e inevitable impacto ambiental. En Bolivia, por el trazado de una ruta nacional que atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). En Argentina, el conflicto se produce por la siembra y el agro-negocio que impulsa el desalojo, a sangre y fuego, de campesinos e indígenas productores. Pero también sucede en Chile, dónde el presidente Piñera propuso una reforma constitucional “urgente” que permita reconocer a los pueblos originarios, los que reclaman por restitución territorial y derechos políticos. El caso trasandino demuestra que el diferente signo político del gobierno en el Estado, con respecto a las anteriores naciones mencionadas, poco tiene que ver con estos conflictos. El quid de la cuestión es la cultura de la resistencia y la conservación a la que se vieron y se ven obligados los pueblos originarios, el enfrentamiento con la idea del desarrollo y la pretensión industrialista de los Estados.
El segundo aspecto es de carácter cultural, y se refiere a los usos y costumbres que puedan reñirse con la legalidad ya establecida por los códigos de las democracias burguesas. Sobre este aspecto podríamos mencionar un caso a modo de ejemplo. En el año 2007, en Salta, José Fabián Ruiz, miembro de la comunidad Wichí Lapacho Mocho, llegaba a juicio en el máximo tribunal de justicia de esa provincia, por haber mantenido relaciones sexuales con su hija de 9 años. Ruiz anteriormente había sido sobreseído, alegando que las relaciones sexuales incestuosas a temprana edad se corresponden con una práctica cultural aceptada hacia el interior de la comunidad.
Por estar, los pueblos originarios, ya legalmente reconocidos como ciudadanos, el problema para ellos pasa a ser la posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos, problema que comparten con los sectores populares en general. La idea y la práctica de la refundación de los Estados regionales actuales va de la mano de la idea y la práctica - más general de estos gobiernos - de la ampliación de derechos para sectores postergados, incluidos los pueblos indígenas.
Una primera aproximación al escenario permite ver dos aspectos que abren nuevos problemas a ser considerados. El primero es el de la propiedad de la tierra y de los recursos naturales. Las nuevas constituciones no han podido evitar aún la lógica del conflicto entre Estado Nacional y comunidad originaria por el tema de la tierra. En Ecuador, el enfrentamiento se ha producido por la explotación minera y el consecuente e inevitable impacto ambiental. En Bolivia, por el trazado de una ruta nacional que atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). En Argentina, el conflicto se produce por la siembra y el agro-negocio que impulsa el desalojo, a sangre y fuego, de campesinos e indígenas productores. Pero también sucede en Chile, dónde el presidente Piñera propuso una reforma constitucional “urgente” que permita reconocer a los pueblos originarios, los que reclaman por restitución territorial y derechos políticos. El caso trasandino demuestra que el diferente signo político del gobierno en el Estado, con respecto a las anteriores naciones mencionadas, poco tiene que ver con estos conflictos. El quid de la cuestión es la cultura de la resistencia y la conservación a la que se vieron y se ven obligados los pueblos originarios, el enfrentamiento con la idea del desarrollo y la pretensión industrialista de los Estados.
El segundo aspecto es de carácter cultural, y se refiere a los usos y costumbres que puedan reñirse con la legalidad ya establecida por los códigos de las democracias burguesas. Sobre este aspecto podríamos mencionar un caso a modo de ejemplo. En el año 2007, en Salta, José Fabián Ruiz, miembro de la comunidad Wichí Lapacho Mocho, llegaba a juicio en el máximo tribunal de justicia de esa provincia, por haber mantenido relaciones sexuales con su hija de 9 años. Ruiz anteriormente había sido sobreseído, alegando que las relaciones sexuales incestuosas a temprana edad se corresponden con una práctica cultural aceptada hacia el interior de la comunidad.
Por estar, los pueblos originarios, ya legalmente reconocidos como ciudadanos, el problema para ellos pasa a ser la posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos, problema que comparten con los sectores populares en general. La idea y la práctica de la refundación de los Estados regionales actuales va de la mano de la idea y la práctica - más general de estos gobiernos - de la ampliación de derechos para sectores postergados, incluidos los pueblos indígenas.
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