El ascenso de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil en 2003 supuso inicialmente, para una gran parte de los movimientos sociales, la posibilidad de rebatir los efectos de la larga década neoliberal en dicho país y avanzar hacia la conformación de un gobierno orientado a satisfacer plenamente las demandas populares. El Partido de los Trabajadores (PT), fundado a comienzos de 1980 por un entramado de individuos provenientes de distintas corrientes opuestas a la dictadura brasilera —así como por los liderazgos sindicales del área metropolitana de San Pablo durante la década del ´70—, elaboró un proyecto político de fuerte base clasista. Al mismo tiempo, la Central Única de los Trabajadores (CUT), vinculada con el PT impulsó el marco para una renovación en las prácticas sindicales en detrimento a las desarrolladas bajo el período Republicano (1945-1964); ambos polos enfatizaron una organización masiva de los trabajadores y movimientos sociales en función de disputar los espacios institucionales a la burguesía. Durante el período neoliberal (1990-2003), el avasallamiento del Estado frente a estos proyectos implicó un reflujo en las luchas populares, al tiempo que una cierta transformación en los preceptos políticos del PT. Concluida esa etapa, producto del agotamiento del modelo impuesto y ante una situación de crisis a nivel general, la victoria de Lula fue visto por gran parte del arco popular como la canalización de una democracia inclusiva y consecutiva de las luchas anteriores. En este contexto, sin embargo, los años de gobierno petista originaron una coyuntura de relaciones particulares entre los movimientos sociales y el estado: mientras que una fracción del partido se escindió a partir de críticas sobre la continuidad de las medidas neoliberales —fundando otros espacios de oposición a la izquierda tales como CONLUTAS—, la CUT se integró a la dirección política de Lula, funcionando como enlace directo —aunque ciertamente condicionado— entre la voluntad estatal y las demandas de los trabajadores; a su vez, otros espacios de resistencia como el Movimiento de los Sin Tierra (MST) prosiguieron su lucha bajo un marco de autonomía y diversificación. Frente a las medidas establecidas por el gobierno —principalmente las políticas públicas como la Bolsa Familia, orientadas hacia los estratos más pobres de la sociedad—, la heterogénea red de movimientos sociales en conflicto con el lulismo no puede ofrecer una mirada en conjunto capaz de dar cuenta de las diferencias con respecto al período neoliberal y al mismo tiempo la continuación de algunas de sus matrices estructurales; el momento actual para los movimientos sociales en Brasil es de una resistencia anclada bajo una coyuntura dinámica y compleja, producto también de la propia acción y percepción que estos vehiculizan.
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